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Sociedad de hecho: ventajas y desventajas de constituirlas

Una sociedad de hecho es aquella que no se constituye mediante escritura pública, pues carece de personería jurídica, según lo dispuesto en el artículo 499 del Código de Comercio. Como consecuencia de esto, no se realiza matrícula ante el registro mercantil. Sin embargo, los derechos y las obligaciones que se adquieran por la empresa se entienden adquiridos a favor o a cargo de todos los socios de hecho.

Esta es una sociedad que se crea por la mera liberalidad y voluntad de dos o más personas con ánimo de asociarse, y que tienen como objetivo común desarrollar una actividad comercial.

En caso tal de que una sociedad de hecho cuente con establecimientos de comercio, debe matricularlos al mes siguiente a su apertura, y registrar a los propietarios de dichos establecimientos que estén asociados a la entidad, a través del formulario de registro único empresarial y social –Rues–. Este formulario debe estar firmado por todos los socios, que en caso tal que sean más de tres, deberá adjuntarse una hoja adicional que contenga los siguientes datos:

  • Nombre del establecimiento.
  • Nombre y documento de identificación.
  • Firma de los socios.

Características

Una sociedad de hecho se caracteriza porque:

  • No constituye una persona jurídica distinta de los socios que la conforman. Sin embargo, deben hacer la solicitud del RUT en las oficinas de la Dian.
  • Las obligaciones y derechos que se contraen en cumplimiento de la actividad social se constituyen en favor y a cargo de todos. En consecuencia, todos los socios responden solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de que no hayan actuado en el negocio.
  • Cuando se trate de providencias que decreten la disolución y liquidación de estas sociedades, deberán ser inscritas en el registro mercantil.
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IVA para toda la canasta familiar

Todo indica que el lenguaje tributario en Colombia daría un vuelco con el que la reforma tributaria pasaría a llamarse “Ley de financiamiento”. Por lo menos ese es el discurso que viene manejando en las últimas semanas el presidente Iván Duque, sus ministros y diversos directores de entidades nombrados por el primer mandatario de los colombianos.

Sin importar el concepto, nombre o término final que se le acuñe, el pago y evasión de impuestos, la devolución del IVA para los pobres, cárcel para evasores y modernización de la Dian son temas que ya se han ido posicionando en la narrativa tributaria que leemos a diario a través de los medios de comunicación. Precisamente queremos dar a conocer el pensamiento crítico de los directores de dos de los diarios más influyentes en nuestro país: Ricardo Ávila y Fernando Quijano Velasco.

Ávila está de acuerdo con gravar toda la canasta familiar con IVA y devolverle esto a los más pobres. “Las exenciones del IVA benefician de manera desproporcionada a las personas de mayores ingresos”, afirma este economista de la Universidad Javeriana con un máster en Economía de la Universidad de Pittsburgh. Piensa además que la base de cualquier sistema tributario moderno y progresivo es el pago de impuestos de renta por parte de la clase media y alta. En cuanto a rentas, por su parte, considera que deberían ser gravadas no solo las rentas de trabajo, sino también de capital. Lo anterior, como una estrategia acertada para incrementar el recaudo.

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Rentas exentas que pueden declarar las personas naturales

En la declaración de renta de las personas naturales se pueden incluir algunas rentas exentas que han sobrevivido a las últimas reformas tributarias.

La mayoría de rentas exentas son de trabajo, pero quedan unas pocas por otros conceptos que la ley expresamente ha considerado.

Las rentas exentas están limitadas por ley, y no todas las cédulas en que se clasifica el impuesto a la renta de las personas naturales permiten aplicarlas.

Rentas exentas de la cédula rentas de trabajo

La forma en que se debe determinar la renta líquida en esta cédula está regulada por el artículo 336 del estatuto tributario, y este señala lo siguiente:

«Podrán restarse todas las rentas exentas y las deducciones imputables a esta cédula, siempre que no excedan el cuarenta (40%) del resultado del inciso anterior, que en todo caso no puede exceder cinco mil cuarenta (5.040) UVT.»

Lo primero que advertimos es que el total de deducciones más rentas exentas no pueden superar el 40% del ingreso gravado neto de la cédula rentas de trabajo, y adicionalmente, ese 40% no puede exceder el equivalente a 5.040 Uvt.

Aclarado el límite máximo que se puede declarar como renta exenta, veamos los conceptos de renta exenta que permite imputar esta cédula.

Dice el inciso primero del numeral 1.1 del artículo 1.2.1.20.4 del decreto 1625 de 2016:

«Rentas exentas: Son las establecidas en los artículos 126-1, 126-4 Y 206 del Estatuto Tributario, con las limitaciones particulares y generales previstas en la Ley.»

En detalle son las siguientes rentas exentas:

  • Artículo 126-1. Los aportes a seguros privados de pensión y fondos voluntarios de pensión.
  • Artículo 126-4. Aportes a las cuentas AFC.
  • Artículo 206.
  1. Las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad.
  2. Las indemnizaciones relacionadas con la maternidad.
  3. Lo recibido por gastos de entierro del trabajador
  4. El auxilio de cesantía y los intereses sobre cesantías.
  5. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre Riesgos Profesionales.
  6. Las Indemnizaciones Sustitutivas de las Pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional.
  7. El seguro por muerte, y las compensaciones por muerte de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
  8. Los gastos de representación de Magistrados de los Tribunales y de sus Fiscales.
  9. El exceso del salario básico percibido por los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y de los agentes de ésta última. (Numeral 8)
  10. El veinticinco por ciento (25%) del valor total de los pagos laborales.
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Régimen tributario especial tiene nuevos cambios tras la aprobación de la reforma tributaria

La Ley 1819 de 2016, que aprobó la reforma tributaria estructural, plantea cambios al régimen tributario especial, en particular a los requisitos a cumplir por las entidades que deseen obtener tal calificación, así como a las condiciones para seguir siendo parte de este régimen.

La parte III de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, titulada “Régimen Tributario Especial”, contiene cambios y nuevas condiciones respecto a los contribuyentes de dicho régimen y los requisitos para pertenecer al mismo.

Las personas jurídicas pasarán de pagar el impuesto a la riqueza, el CREE, la sobretasa CREE y el impuesto de renta a solo pagar el impuesto de renta, el cual bajará de manera gradual de 40 % a 33 % en 2019. Además, las rentas exentas del impuesto de renta, pero que hoy pagan CREE, continuarán gravadas con una tarifa preferencial del 9 % en materia de renta.

En la tributaria también se contemplaron incentivos en materia de renta para generar empleo y desarrollo económico en las zonas afectadas por el conflicto armado. Las micro y pequeñas empresas no pagarán impuesto de renta en el periodo comprendido entre el 2017 y el 2021. 2022-2024 el 25 % de la tarifa general. Para empresas medianas y grandes pagaran el 50 % de la tarifa general hasta el 2021.

La reforma contempló que el monotributo está orientado a formalizar cerca de 300.000 tenderos, pero solo aplicará para personas naturales, quienes se beneficiarían con un ahorro a la vejez y cobertura en materia de riesgos laborales. Allí se aprobó que estos pequeños negocios paguen de manera conjunta el IVA y el impuesto de renta, equivalente al 1 % de sus ingresos.

En ese sentido, quedó estipulado que las personas con ingresos de 41.654.220 de pesos pagarán 40.000 pesos. Entre 62.481.300 y 83.308.400 pesos pagarán 60.000 pesos y entre 83.308.400 y 104.135.500 pesos tendrán que pagar 80.000 pesos.

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Gobierno reglamentaría exclusión del IVA a computadores

El Ministerio de Hacienda dio a conocer el proyecto de decreto que reglamentaría la exclusión del IVA para la importación y venta de computadores que estableció la reforma tributaria de 2016.

Para incentivar el acceso a la tecnología por parte de los colombianos con menores ingresos, el Gobierno anterior incluyó en la reforma tributaria de 2016 un artículo que excluía del IVA a los computadores con un valor máximo de 50 UVT, equivalentes durante 2018 a $1.657.800. Casi dos años después, este ítem de la lista de bienes excluidos de este impuesto tiene un proyecto de decreto que reglamentaría su entrada al mencionado grupo.

Según el proyecto de decreto, estarán excluidos del impuesto los computadores de escritorio y los portátiles, pero seguirán pagando el IVA otros elementos complementarios como “impresoras, unidades de almacenamiento externo, escáner, módem externo, cámara de video y, en general, otros accesorios o periféricos, así como partes y piezas de los computadores”.

El proyecto también establece que, en el caso de los computadores importados, el impuesto del que estarán libres es el arancel de ingreso al país, que se encuentra a cargo de las autoridades aduaneras.

Fuente: Dinero.

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Ahorro de las empresas gracias a la factura electrónica

Los costos de facturación, gestión, almacenamiento, así como el ahorro en tiempo y reducción en el proceso de pago son los beneficios para las empresas al implementar la factura electrónica. Emitir facturas tiene un costo por unidad de $14.394 cuando es en papel y de $5.305 en formato electrónico.

Gracias a la factura electrónica se presenta un ahorro en costos de facturación. Comparado con la factura tradicional, la electrónica permite un ahorro estimado del 67 %, ya que se reducen los costos en la manipulación de papel, el recuerdo de los pagos, la gestión de la tesorería, el archivo de los documentos, etc.

También se presenta un ahorro en los costos de gestión o costos por factura. Desde el punto de vista de Seres, la emisión de facturas tiene un costo por unidad de $14.394 cuando se realiza en papel y de $5.305 cuando se utiliza el formato electrónico. La diferencia es aún mayor cuando se trata de la recepción de facturas, que pasa de los $23.355 en papel a $7.343 en formato electrónico.

De igual forma, se presenta un ahorro en costos de almacenamiento, ya que dejar de lado el papel para comenzar a facturar electrónicamente es sinónimo de liberar cajones, archivadores; un gran espacio. Al reducirlo, se puede llegar a alcanzar un ahorro del 81 %. Así, con la facturación electrónica se acortan los tiempos de entrega de las facturas y se reduce todo el proceso de pago entre empresas o entre usuarios y empresas.

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Estados financieros bajo Estándares Internacionales

Contenido mínimo de estados financieros bajo Estándares Internacionales

El párrafo 3.2 del Estándar para Pymes evidencia la expectativa de los usuarios de los estados financieros. Esos usuarios esperan encontrar en los informes preparados bajo Estándares Internacionales los elementos suficientes para evaluar la situación financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo de la entidad. Se supone que la aplicación adecuada de los requerimientos del Estándar para Pymes conduce a la presentación razonable de los mismos.

A su turno, el párrafo 4.9 establece claramente que la norma no prescribe el orden ni el formato en el cual se deben presentar las partidas (esto aplica también para el estado del resultado integral, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio). En lugar de ello, la norma establece el contenido mínimo de cada uno de los estados financieros y las opciones que tiene la entidad para configurar el juego completo de estos.

Estado de Situación Financiera

El contenido mínimo de este informe está contemplado en el párrafo 4.2 de la norma. Este informe debe incluir, como mínimo, los siguientes elementos:

a. Efectivo y equivalentes al efectivo.

b. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.

c. Activos financieros [excluyendo los importes mostrados en (a), (b), (j) y (k)].

d. Inventarios.

e. Propiedades, planta y equipo (y propiedades de inversión registradas al costo menos la depreciación y el deterioro del valor acumulado).

f. Propiedades de inversión registradas al valor razonable con cambios en resultados.

g. Activos intangibles.

h. Activos biológicos registrados al costo menos la depreciación acumulada y el deterioro del valor.

i. Activos biológicos registrados al valor razonable con cambios en resultados.

j. Inversiones en asociadas.

k. Inversiones en entidades controladas de forma conjunta.

l. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar.

m. Pasivos financieros [excluyendo los importes mostrados en (l) y (p)].

n. Pasivos y activos por impuestos corrientes.

o. Pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos (éstos siempre se clasificarán como no corrientes).

p. Provisiones.

q. Participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio de forma separada al patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

r. Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora.

Lo anterior, significa que las partidas se deben agrupar como mínimo en las partidas anteriormente listadas, sin que esto sea un obstáculo para que la entidad cree nuevas agrupaciones, siempre que ello sea relevante, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 4.3 de la misma norma.

Estado de Resultado Integral

Al igual que en el anterior, no se establecen requerimientos sobre el formato de este informe, sino que se prescribe el contenido mínimo del mismo. En el párrafo 5.5. Las partidas que se deben incluir son:

a. Los ingresos de actividades ordinarias.

b. Los costos financieros.

c. La participación en el resultado de las inversiones en asociadas (véase la Sección 14 Inversiones en Asociadas) y entidades controladas de forma conjunta (véase la Sección 15 Inversiones en negocios conjuntos) contabilizadas utilizando el método de la participación.

d. El gasto por impuestos excluyendo los impuestos asignados a los apartados (e), (g) y (h) (véase el párrafo 29.35).

e. Un único importe que comprenda el total de:

i. el resultado después de impuestos de las operaciones discontinuadas, y

ii. la ganancia o pérdida después de impuestos atribuible al deterioro de valor, o reversión de éste, de los activos en las operaciones discontinuadas (véase la Sección 27, Deterioro del valor de los activos) en el momento de clasificarse como una operación discontinuada, y posteriormente, y en la disposición de los activos netos que constituyan la operación discontinuada.

f. El resultado (si una entidad no tiene partidas de otro resultado integral, no es necesario presentar esta línea).

g. Cada partida de otro resultado integral [véase el párrafo 5.4(b)] clasificada por naturaleza [excluyendo los importes a los que se hace referencia en el apartado (h)]. Estas partidas se agruparán en las que, de acuerdo con esta norma:

i. no se reclasifiquen posteriormente en el resultado del periodo –es decir, las del párrafo 5.4(b)(i), (ii) y (iv);

ii. se reclasifiquen posteriormente en el resultado del periodo, cuando se cumplan las condiciones específicas –es decir, las del párrafo 5.4(b)(iii).

h. La participación en el otro resultado integral de asociadas y entidades controladas de forma conjunta contabilizadas por el método de la participación

i. El resultado integral total (si una entidad no tiene partidas de otro resultado integral, puede usar otro término para esta línea tal como resultado).

La entidad puede incluir agrupaciones, subtotales o sumatorias en la medida en que contribuyan a lograr un mejor entendimiento de los estados financieros por parte de los usuarios de la información.

Estado de Flujos de efectivo

Para este informe tampoco se establece el formato de presentación, ni el orden de las partidas. En lugar de ello, la norma establece ejemplos de lo que serían las categorías de flujos de efectivo que se presentarían en cada una de las secciones del informe.

En lo que tiene que ver con actividades de operación, si la entidad ha optado por el método directo, las posibles etiquetas para los conceptos de flujos de efectivo son:

a. Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios.

b. Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias.

c. Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios.

d. Pagos a y por cuenta de los empleados.

e. Pagos o devoluciones del impuesto a las ganancias, a menos que puedan ser específicamente identificados dentro de las actividades de inversión y financiación.

f. Cobros y pagos procedentes de inversiones, préstamos y otros contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar que sean similares a los inventarios adquiridos específicamente para revender.

Si la entidad ha optado por el método indirecto para la presentación de sus actividades de operación, la norma no incluye un ejemplo sobre la presentación de informe.

En cuanto a las actividades de inversión, los ejemplos sobre posibles clasificaciones son:

a. Pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo (incluyendo trabajos realizados por la entidad para sus propiedades, planta y equipo), activos intangibles y otros activos a largo plazo.

b. Cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo.

c. Pagos por la adquisición de instrumentos de patrimonio o de deuda emitidos por otras entidades y participaciones en negocios conjuntos (distintos de los pagos por esos instrumentos clasificados como equivalentes al efectivo, o mantenidos para intermediación o negociar).

d. Cobros por la venta de instrumentos de patrimonio o de deuda emitidos por otras entidades y participaciones en negocios conjuntos (distintos de los cobros por esos instrumentos clasificados como equivalentes de efectivo o mantenidos para intermediación o negociar).

e. Anticipos de efectivo y préstamos a terceros.

f. Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos a terceros.

g. Pagos procedentes de contratos de futuros, a término, de opción y de permuta financiera, excepto cuando los contratos se mantengan por intermediación o para negociar, o cuando los pagos se clasifiquen como actividades de financiación.

h. Cobros procedentes de contratos de futuros, a término, de opción y de permuta financiera, excepto cuando los contratos se mantengan por intermediación o para negociar, o cuando los cobros se clasifiquen como actividades de financiación.

En cuanto a las actividades de financiación, el párrafo 7.6 establece los ejemplos sobre posibles clasificaciones:

a. Cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital.

b. Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad.

c. Cobros procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos, pagarés. bonos, hipotecas y otros préstamos a corto o largo plazo;

d. Reembolsos en efectivo de fondos tomados en préstamo.

e. Pagos realizados por un arrendatario para reducir la deuda pendiente relacionada con un arrendamiento financiero.

Estado de Cambios en el patrimonio

Sobre este informe, el párrafo 6.3 establece la información mínima que debe contener, en los siguientes términos:

a. El resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los importes totales atribuibles a los propietarios de la controladora y a las participaciones no controladoras.

b. Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva o la reexpresión retroactiva reconocidos según la Sección 10 Políticas, estimaciones y errores contables.

c. Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libros, al inicio y al final del periodo, revelando por separado los cambios resultantes de:

i. El resultado del periodo.

ii. Otro resultado integral.

iii. Los importes de las inversiones hechas por los propietarios y de los dividendos y otras distribuciones hechas a éstos en su capacidad de propietarios, mostrando por separado las emisiones de acciones, las transacciones de acciones propias en cartera, los dividendos y otras distribuciones a los propietarios, y los cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no den lugar a una pérdida de control.

CP. Juan David Maya Herrera
Consultor de Estándares Internacionales de Información Financiera
Certificación Internacional por el ICAEW en IFRS Full (NIIF Plenas)

*Exclusivo para Actualícese

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Factura Electrónica en Colombia

¿Qué es la Factura Electrónica?

Es, ante todo, una factura. Esto significa que tiene los mismos efectos legales que una factura en papel, se expide y recibe en formato electrónico. En otras palabras, es un documento que soporta transacciones de venta bienes y/o servicios y que operativamente tiene lugar a través de sistemas computacionales y/o soluciones informáticas permitiendo el cumplimiento de las características y condiciones en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación.

  • Utiliza el formato electrónico de generación XML estándar establecido por la DIAN.
  • Lleva la numeración consecutiva autorizada por la DIAN.
  • Cumple los requisitos del 617 ET y discrimina el impuesto al consumo cuando es el caso.
  • Incluye la firma digital o electrónica para garantizar autenticidad e integridad y no repudio de la factura electrónica, de acuerdo con la política de firma adoptada por la DIAN.
  • Incluye el Código Único de Factura Electrónica CUFE.

El modelo de facturación fue adoptado en el país a través del Decreto 2242 de 2015, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, y su objetivo principal es la masificación en el uso de la factura electrónica en Colombia, y, para ello, facilita la interoperabilidad entre quienes facturan de forma electrónica y quienes adquieren bienes que son facturados por ese medio, con los siguientes elementos:

  • Un formato estándar de generación de la factura en XML que para su construcción utiliza el estándar UBL V2.0, el cual es de uso obligatorio para quienes facturan electrónicamente.
  • Otros formatos estándar relacionados con el proceso de facturación son las notas débito y crédito a través de las cuales se realizan ajustes a las facturas electrónicas emitidas; estos formatos también tienen un formato estándar en XML y UBL V 2.0, e igualmente son obligatorios.
  • La firma digital es elemento que permite garantizar la integridad, autenticidad y no repudio de la factura electrónica.
  • Para aquellos adquirentes que no reciben el formato estándar electrónico de la factura se expedirá una representación gráfica que contiene elementos técnicos como un código QR.

La DIAN dispone de un servicio electrónico para pruebas de habilitación, recepción de ejemplares de factura electrónica, autorización de proveedores tecnológicos y un catálogo con la información de los participantes en factura electrónica. Este modelo permite que quienes deseen, pueden voluntariamente postularse para facturar electrónicamente. También le otorga facultades a la DIAN para seleccionar a contribuyentes y/o sectores para que facturen por este medio.

Esta modalidad de operación representa para las empresas una disminución del costo de facturación, respecto de los sistemas de facturación en papel y por computador.

Esto puede suceder a través de dos caminos diferentes:

  • A través de una solución de facturación electrónica dispuesta por el responsable de facturar.
  • O por medio de los servicios de un proveedor tecnológico, de acuerdo con la Normatividad relacionada: Decreto 2242 de 2015, compilado por el Decreto 1625 de 2016.

Actores de la Factura Electrónica

  • Facturador Electrónico
  • Adquirente
  • Proveedor Tecnológico

​¿Quiénes facturan electrónicamente?

De un lado están los obligados a facturar seleccionados por la DIAN -mediante resolución de carácter general-; por otro, están quienes voluntariamente decidan adoptar el modelo.Tenga en cuenta​       
El parágrafo transitorio segundo de la Ley 1819 de 2016, establece que los obligados a declarar y pagar IVA y el impuesto al consumo deberán expedir factura electrónica a partir del 1 de enero del año 2019.

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Tratamiento de la prima de servicios según el procedimiento de retención

Prima legal de servicios que reciben trabajadores en junio de 2018 es un pago sujeto a retefuente

El tratamiento que se le debe dar a la prima de servicios para efectos de practicar retención en la fuente varía si el asalariado labora en el sector público o privado y si le aplican retefuente por el procedimiento uno o dos. Al valor de la prima también se le puede restar el 25 % de renta exenta.

El artículo 306 del CST establece que el empleador debe pagarle al trabajador cierto valor por concepto de prima de servicios, el cual corresponde a 30 días de salario por año, sin embargo, la mitad deberá reconocerse a más tardar el 30 de junio, mientras que el plazo máximo para cancelar la segunda mitad es el 20 de diciembre. De acuerdo con lo anterior, esta prestación social equivale a quince días de salario por semestre laborado, por tanto si el empleado laboró durante todo el semestre, tendrá derecho a quince días de salario, de lo contrario, el pago se hará de forma proporcional.

“dicho pago se considera un ingreso tributario en el mes en que lo recibe el trabajador, motivo por el cual también debe someterse a retención en la fuente a título de renta”

En términos fiscales, es válido destacar que dicho pago se considera un ingreso tributario en el mes en que lo recibe el trabajador, motivo por el cual también debe someterse a retención en la fuente a título de renta, siempre y cuando supere la base sujeta a retención. El tratamiento que se le debe hacer a la prima de servicios para efectos de la retefuente es especial, siendo necesario analizar aspectos como el procedimiento de retención a aplicar (procedimiento 1 o 2) y el sector en que labora el trabajador (público o privado), los cuales abordaremos a continuación.

Tratamiento de la prima de servicios según el procedimiento de retención

El Estatuto Tributario contempla dos alternativas para determinar la retención en la fuente a practicar, la primera opción se encuentra contemplada en el artículo 385 del mismo estatuto, mientras que los lineamientos de la segunda pueden analizarse en el artículo 386 del ET. Es necesario aclarar que en ambos procedimientos se aplican los mismos beneficios, el aspecto que varía entre ellos es la forma de calcular la base sujeta a retención.

De la lectura del artículo 385 del ET (procedimiento de retención 1), se evidencia que el pago de la prima legal de servicios no se incluye con los demás pagos laborales porque su depuración debe realizarse de forma independiente, esto en el caso de que el trabajador pertenezca al sector privado, pues de tratarse de un trabajador del sector público, dicho valor debería sumarse con los demás pagos. Lo anterior, debido a que el citado artículo solo contempla ese tipo de tratamiento (analizar el pago de forma independiente) a las cesantías, intereses sobre cesantías, prima mínima legal de servicios del sector privado y a la prima de navidad del sector público (no incluyó las primas extralegales ni la prima mínima legal de servicios que reciben los trabajadores del sector público).

En el caso del procedimiento de retención 2, los únicos pagos que no se incluyen con los demás pagos laborales son las cesantías y los intereses sobre cesantías, motivo por el cual tanto los pagos por prima de servicios a trabajadores del sector privado como del sector público deberán sumarse con los demás pagos, en otras palabras el pago por servicios no se analiza de manera independiente.

Beneficios tributarios a aplicar en la depuración de la base para calcular retefuente por prima de servicios

“al valor de la prima también se le puede restar el 25 % de renta exenta que contempla el numeral 10 del artículo 206 del ET, sin que supere las 240 UVT mensuales (equivalentes a $7.957.000 por el año gravable 2018)”

Teniendo claro el tratamiento de la prima por cada procedimiento, no se debe olvidar lo estipulado por la Dian en su Concepto 076716 de octubre 20 de 2005 en el cual indicó que al valor de la prima también se le puede restar el 25 % de renta exenta que contempla el numeral 10 del artículo 206 del ET, sin que supere las 240 UVT mensuales (equivalentes a $7.957.000 por el año gravable 2018). Así por ejemplo, si un trabajador se encuentra sometido a retención en la fuente y el valor de la prima una vez disminuido el 25 % de renta exenta no excede las 95 UVT (equivalentes a $3.149.820 por el 2018), no habría lugar a practicar retención; recordemos que según la tabla contenida en el artículo 383 del ET modificado por el artículo 17 de la Ley 1819 de 2016 se empieza a aplicar tarifas progresivas de retención a los ingresos gravados, si estos superan las 95 UVT.

No obstante, es necesario tener en cuenta que el artículo 388 del ET adicionado por el artículo 18 de la reforma tributaria estructural, el cual hace referencia a la depuración de la base para calcular la retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta por rentas de trabajo efectuados a las personas naturales, en su numeral segundo establece que las rentas exentas y deducciones especiales no pueden superar el 40 % de restar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional al pago o abono en cuenta. Adicionalmente, el parágrafo 3 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de diciembre 29 de 2017, estipula que dichos conceptos no pueden exceder las 5.040 UVT anuales o las 420 UVT mensuales (equivalentes a $167.106.000 y $13.926.000 por el 2018 respectivamente).

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Revisores fiscales frente al proceso de implementación de las NIIF

La Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha diciembre 26 de 2013 emitió la Circular Externa No. 038, en la que imparte instrucciones a sus entidades supervisadas y que hacen parte del Grupo 1, para que el proceso de implementación de las Normas de Información Financiera NIF, se realice en forma ordenada y planificada.

Las entidades pertenecientes a este grupo, según la clasificación dada por el CTCP, iniciaron en el año 2013 su etapa de preparación al proceso de implementación de las Normas de Información Financiera NIF y para el año 2014 será el de transición.

Refiriéndose específicamente a las responsabilidades de los Revisores Fiscales, el inciso segundo del numeral 6 de dicha circular señala: “se requiere que el Revisor Fiscal evalúe que el proceso de convergencia” cumpla con los requisitos legales establecidos y las instrucciones de la Superintendencia Financiera; “los Revisores Fiscales de los preparadores de información financiera vigilados por esta Superintendencia que hacen parte del Grupo 1 deberán presentar un informe en el cual señalen expresamente si las políticas contables se ajustan al marco técnico normativo anexo al decreto antes citado, si los criterios técnicos de medición utilizados y las estimaciones contables aplicables son razonables para la preparación y presentación del Estado de Situación Financiera de Apertura”.

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