REVISORÍA FISCAL

Es un órgano de fiscalización e inspección independiente ejercido por un Contador Público. Su función es evaluar de manera integral que los estados financieros de la empresa sean precisos, que se cumplan las normativas legales y que el control interno de la organización funcione de manera eficiente para proteger su patrimonio. 

 En Colombia, están obligadas por ley (Ley 43 de 1990) las Sociedades Comerciales cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año anterior sean iguales o superiores a 5.000 SMMLV, o cuyos ingresos brutos sean iguales o superiores a 3.000 SMMLV. También es obligatoria para todas las Sociedades por Acciones (S.A.) y aquellas empresas que lo definan por estatutos o requerimiento de una Superintendencia. 

• Ventajas: Aporta máxima transparencia ante bancos, socios y el Estado; previene errores tributarios catastróficos, detecta fraudes a tiempo y asegura que la gerencia tome decisiones bajo información financiera 100% real.
• Desventajas: No existen desventajas reales, ya que es una inversión en seguridad. Sin embargo, para algunas microempresas puede percibirse inicialmente como un costo administrativo adicional si no se comprende su valor estratégico.

Por regla general, la DIAN tiene un plazo legal de 50 días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud en debida forma para efectuar la devolución. Sin embargo, si la solicitud se presenta con una Garantía a Favor de la Nación (bancaria o de compañía de seguros), el término se reduce sustancialmente a solo 20 días hábiles. 

Solicitar una devolución no activa automáticamente una auditoría, pero la DIAN sí tiene la facultad legal de revisar la consistencia de los datos. Si la contabilidad está perfectamente soportada (con facturación electrónica y costos reales), el proceso avanza sin inconvenientes. En CYMA realizamos una auditoría previa exhaustiva para garantizar que su solicitud sea impecable antes de radicarla. 

Los tres requisitos indispensables son: 

1) Tener el RUT actualizado y sin inconsistencias. 

2) Que los saldos a favor estén debidamente liquidados en las declaraciones de Renta o IVA y no hayan prescrito. 

3) Contar con la firma electrónica vigente del representante legal y del revisor fiscal o contador, junto con los formatos y anexos de costos y deducciones que exige la ley. 

SAGRILAFT son las siglas de Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Su objetivo principal no es llevar la contabilidad, sino actuar como un escudo preventivo y un sistema de blindaje legal.

A través de este sistema, las empresas identifican, evalúan, controlan y monitorean los riesgos de que sus operaciones, contratos, clientes, proveedores o empleados sean utilizados de forma involuntaria para canalizar recursos de origen ilícito. Implementar SAGRILAFT demuestra ante el Estado, el sector financiero y los aliados comerciales que la empresa opera bajo los más altos estándares de transparencia y legalidad.

En Colombia, la obligación depende principalmente de las normativas expedidas por las Superintendencias (como la Superintendencia de Sociedades). Por regla general, están obligadas las empresas que pertenezcan a sectores específicos o que cumplan con ciertos topes de ingresos o activos al cierre del año anterior.

Los sectores con mayor nivel de obligatoriedad incluyen:

• Sector de agentes inmobiliarios.
• Sector de comercialización de metales preciosos y piedras preciosas.
• Sector de servicios contables, legales y de consultoría.
• Sector de construcción de edificios y obras de ingeniería civil.
• Empresas de cualquier sector que registren ingresos totales o activos iguales o superiores a 40.000 SMMLV.
• Sectores regulados por la Superintendencia Financiera, de Vigilancia o de Salud (quienes aplican SARLAFT o SIPLAFT según su caso).

En CYMA realizamos un diagnóstico societario previo para evaluar si su empresa ya cruzó los topes legales y evitar que incurra en omisiones normativas.

Las consecuencias de ignorar esta obligación son severas y van más allá de lo económico. La Superintendencia de Sociedades tiene la facultad de imponer multas sucesivas a las empresas que pueden alcanzar los 200 SMMLV por cada incumplimiento detectado.

Sin embargo, el riesgo más crítico es para los administradores (Gerente y Junta Directiva), quienes pueden asumir responsabilidad administrativa, civil e incluso penal por negligencia o fallas en el control. Adicionalmente, una empresa que no implemente el sistema cuando la ley lo exige sufre un "veto comercial": el sector financiero bloquea o cancela sus cuentas bancarias y las grandes multinacionales rescinden contratos debido a sus políticas internas de cumplimiento y debida diligencia.